La aprobación de la ley que restringe la minería a gran escala en cercanías de glaciares viene dando origen a una cruzada que, siempre dentro del ámbito legal, suma nombres y voluntades en las provincias cordilleranas.
La posibilidad concreta de que las grandes compañías que operan en distritos como San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz, entre otros territorios, suspendan o directamente anulen sus planes de inversión ha generado que se comience a delinear una ofensiva común, orientada a neutralizar la vigencia del marco conocido como la ley Bonasso, que logró ser aprobada en el Congreso de la Nación.
El objetivo, según las mineras, es evitar que se pierdan inversiones en los próximos años en el país, por unos 15.000 millones de dólares.
Según Gemera, la cámara que agrupa a las empresas que realizan exploración minera, este tema lo están planteando a las distintas secretarías de Minería de las provincias cordilleranas.
San Juan fue el primer distrito en enfrentar a la flamante Ley de Glaciares en el terreno judicial. A través de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara minera local y varios gremios, se logró que se suspendan seis artículos de la norma, por lo que la actividad volvió a tener vía libre al menos en esa jurisdicción.
El juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, consideró que la provincia es soberana de sus recursos naturales y que corresponde a este distrito la administración de ellos, tal como sostenía el Gobierno provincial.
“Supongo que la medida irá a impactar a nivel nacional, pero hemos decretado una cautelar imponiendo la suspensión de algunas normas de esta ley de régimen para la preservación de los glaciares que rige sólo en la provincia de San Juan, donde es mi competencia”, señaló Gálvez al momento de dar a conocer su decisión.
“La medida cautelar suspende los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el tema de fondo y se expida sobre su supuesta inconstitucionalidad”, explicó Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan.
En Santa Cruz
La medida judicial lograda en San Juan puso a trabajar al resto de las provincias en presentaciones similares. En todos los casos, la apuesta es la misma: evitar que la ley se pueda aplicar.
Desde las empresas exploradoras se asegura que en el territorio de Santa Cruz habría al menos cuatro iniciativas metalíferas, con fecha de construcción para 2011, que podrían verse afectadas.
Señalaron a los proyectos de La Manchuria, La Josefina, Cerro Moro y Cerro Negro, que en conjunto acumularían inyecciones de capital por más de U$S 700 millones en los próximos años.
Pero cabe destacar, sobre este punto, que la Camicruz, cuando realizó la conferencia de prensa, previo a la sanción de la ley de glaciares, rechazando el proyecto Bonasso, aseguró que en Santa Cruz, “menos del 1% de su territorio está afectado”, algo que entra en contradicción con lo planteado por Gemera.
La ofensiva provincial
En virtud de que la realidad sanjuanina poco a poco comienza a verse replicada en otros territorios mineros, el grueso de las provincias que apelan a esta actividad anticiparon que llevarán a la Justicia el reclamo por una explotación de minerales sin restricciones.
De acuerdo a fuentes periodísticas locales, “el antecedente de la provincia de San Juan sirvió para que los distritos cordilleranos que se opusieron a la ley que sancionó el Senado, a comienzos de octubre, pusieran a trabajar a sus equipos legales con el propósito de conseguir que se frene la aplicación de la norma en sus territorios”.
En sintonía con Salta, Neuquén y Santa Cruz también elevarán sus reclamos a la Justicia.
Cabe recordar que el propio gobernador Peralta declaró, al momento de la sanción de la norma, que “nos vienen obligando a nosotros, los gobernadores, por el espíritu de la ley, a tener la guardia alta, porque vamos a defender con uñas y dientes cada uno de los puestos de trabajo de nuestra minería, de nuestros petroleros y de cada uno de los trabajadores del carbón que necesitan de nuestro resguardo”.
Antecedente
Antes de su transformación en norma vigente, ocho gobernadores de provincias cordilleranas cuestionaron el proyecto de ley de glaciares, por considerarlo “difuso” y “violatorio” de las autonomías.
El pronunciamiento de los mandatarios de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se despegó de la posición de Mendoza, que nunca se opuso a la ley, pero sí defendió que el proyecto preserve la autonomía ambiental de cada distrito.
Los mandatarios provinciales coincidieron en remarcar que la iniciativa afectaba “recursos naturales que pertenecen a las provincias, de acuerdo no sólo a la Constitución Nacional, sino a los ordenamientos” de cada distrito.
La Opinión Austral – Infobae
LA OPINIÓN AUSTRAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario