El tema ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre los daños que puede traer la explotación minera a cielo abierto. Critican además que el gobierno no haya sometido el tema a una consulta antes de elaborar por su cuenta las reformas.
El ambientalista Félix Wing afirmó que lo que se pretende es “abrir el sector minero a la inversión sin ningún tipo de consideración”.
El debate cobra vigor en un país que se precia de una pujante economía, históricamente fundamentada en el sector de servicios, pero con cerca del 35% de la población sumida en la pobreza. Y en que el aporte de la minería a la economía local han sido poco y fugaz.
Los ingresos fiscales, con la reforma propuesta, se van a multiplicar porque las regalías actuales de un 2% van a pasar a por lo menos un 4% y hasta 8%, según el mineral explotado.
El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá Zorel Morales señaló que estudios han estimado que Panamá cuenta con tres enormes yacimientos de cobre, que en conjunto tienen capacidad para exportar unas 600.000 toneladas de ese metal anualmente. Dos de esos yacimientos están ubicados en la comarca Ng„be-Buglé, el más numeroso pueblo indígena del país, el tercero en la caribeña provincia de Colón.
“Los metales que están allí que son cobre y oro tiene un valor de casi 200.000 millones de dólares al precio actual... son recursos de todos los panameños, que deben ser aprovechados”, dijo Morales a la AP.
Morales respalda las reformas al código y asegura que una minería responsable puede impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.
Pero dirigentes indígenas y campesinos no creen que la minería traiga progreso sino estragos ambientales y han advertido al gobierno que defenderán sus tierras. Han escenificado protestas pacíficas en el interior del país y otros en la Asamblea Nacional. También hay indígenas y campesinos que respaldan las reformas. “Es muy cierto que se van a talar árboles, pero estamos creando comités que velarán para que se cumpla con los informes y compromiso” con las comunidades, dijo Andrea Mejía residente de Gobea, en Colón, quien reveló que se organizan porque una empresa minera que pretende explotar un yacimiento cercano les está ofreciendo becas escolares y ayuda alimentaria. Las reformas al Código de Recursos Mineros de Panamá deben pasar tres rondas de discusión en el legislativo antes de convertirse en ley. Ya fueron aprobadas en un primer debate sin mayor dificultad por la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, controlada por una alianza de partido oficialistas.
El pleno legislativo escuchó el jueves informes de diputados que se oponen a la iniciativa y también planteamientos a favor y determinó posponer para el lunes el inicio del segundo debate.
Un pronunciamiento conjunto de casi medio centenar de organizaciones ambientales y de la sociedad civil propugnó por una moratoria en el tema minero y pidió que se suspendiera al menos un año el debate, con tal de que se entablen discusiones que transparenten la reforma y que reciban diferentes aportes técnicos, científicos y de las propias comunidades.
El texto de los activistas señala que los cambios propuestos atentan contra la “seguridad ambiental y la soberanía de Panamá” al permitir que estados extranjeros puedan adquirir acciones o participar como entes financistas en las empresas que quieran explotar la minería en Panamá.
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