¿Se viene la minería estatal en la Argentina, con las provincias en el negocio?

La Nación y los gobiernos provinciales están dando los primeros pasos en ese sentido. Incluso Mendoza quieren avanzar con una idea que plantea un cambio radical en la forma en la que el sector público se involucraba en la actividad minera. Lo que viene para un debate que cambiaría radicalmente.

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Por Federico Manrique

A pocos días de los festejos de Navidad, se sucedieron dos hechos clave en lo que puede ser el futuro de la minería en el país. Obvio, quedaron ambos tapados por la vorágine informativa de fin de año, pero vale la pena rescatarlos. El primero tiene que ver con declaraciones que hizo la propia Cristina Fernández al momento de asumir la presidencia temporaria del Mercosur. La otra ocurrió en los despachos del Ministerio de Planificación Federal el 21 de diciembre.

En plena cumbre del Mercosur, Montevideo, Uruguay, Cristina habló de minería. Si, en la reunión donde fue elegida como presidenta pro tempore del bloque económico, la Mandataria ratificó el modelo de desarrollo productivo minero para Argentina y la región afirmando: “Tenemos muchas cosas para hacer, la minería que algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países, es todavía una actividad sub-explotada en la región”.

Y dijo más: “En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería y sin embargo ponen a Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico. Y yo le digo pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre. ¿Por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar de este lado de la cordillera? Y tal vez en mayor medida. No hay límites geográficos para la geología, no hay límites políticos para la mineralogía”.

Casi en simultáneo, de este lado del río de la Plata, el secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, el 21 de diciembre se reunió con los representantes de las empresas públicas mineras que ya operan en el sector, a los fines de profundizar su accionar a nivel nacional y fortalecer la participación de los Estados provinciales en la actividad, informaron desde este organismo.

En el encuentro estuvieron presentes Jorge Valvano, por Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz); Martín Irigoyen, por Corporación Minera de Neuquén (Cormine); Manuel Benítez, por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), minera Inter estadual de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán; Martín Andreatta, por Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa).

Durante el mismo, se propuso la creación de un ámbito de trabajo para coordinar acciones conjuntas entre todas las empresas públicas del sector, a los fines de integrarse desde el fortalecimiento de las propias identidades.

Asimismo, se avanzó en la necesidad de potenciar el proceso de sustitución de importaciones iniciado desde la Mesa de Homologación de productos e insumos para la actividad minera.
Finalmente, se analizaron los aspectos estatutarios de cada empresa y se realizó el intercambio y trasvasamiento de experiencias entre las distintas empresas.

Cabe destacar que sólo en proyectos auríferos, las empresas o entidades públcias YMAD, Fomicruz e Ipeem (Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera de San Juan), representan 1,5 millones de onzas de oro aproximadamente, constituyendo el 60% de la producción de dicho metal en Argentina, país que ha logrado ubicarse entre los 10 con mayor producción aurífera del mundo.

En Argentina son siete las provincias que cuentan con empresas mineras públicas (Santa Cruz, Chubut, Neuquén, San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy), y se prevén más incorporaciones, a los fines de profundizar el modelo productivo nacional en materia minera de participación en forma directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos, informaron desde el Ministerio de Planificación.

Un rol activo del Estado (nacional y prvincial) por medio de empresas públicas que participen como socios y accionistas tanto en la minería, como en la explotación de gas, petróleo y hasta en la generación de energías alternativas y renovables, es un paso trascendente en la forma en la que hasta ahora se venía comportando el sector público, al tiempo que se pueden abrir nuevas vías de financiamiento y obtención de recursos para los gobiernos, en especial los de las provincias. Y este cambio, también modifica sustancialmente el debate de muchos sectores a la hora de oponerse a actividades como la minería por considerarlas contaminantes, depredadoras y perjudiciales para la población y el medio ambiente. Es que si está involucrado el Estado, la responsabilidad del control y administración pasa a ser de todos. Lo mismo que las ganancias.

¿Y Mendoza?
Aunque en Mendoza la minería se ha vuelto un tema casi vedado, con el cambio de gobierno en el ministerio de Infraestructura y Energía, su titular, Rolando Baldasso, anunció que están decididos a reflotar un proyecto del ex gobernador Jaque: la creación de una empresa estatal de energía que no descartan pueden también intervenir en proyectos mineros y petroleros.
“Hay muchos proyectos que tienen que ver con energías alternativas, eólica, solar, proyectos de minicentrales hidroeléctricas, que con una empresa estatal podríamos ser socios muy importantes en estos proyectos y extendernos a proyectos petroleros y hasta mineros.

Podríamos ser socios clave para el desarrollo de una amplia gama de proyectos y generar recursos para el desarrollo de nueva infraestructura. El Estado, haciéndose socio, puede generar recursos para nuevas y mayores inversiones. Ya hay provincias que tienen este esquema y la verdad es que las posibilidades son muy amplias. Esos ejemplos para nosotros nos parecen muy loables y queremos avanzar en este sentido”, señaló Rolando Baldasso.

Aporte económico
Que los Estados provinciales intervengan vía empresas públicas en el negocio minero, también puede ayudar a lograr un reparto más equitativo de los recursos fiscales, ya que hoy por el actual esquema de impuestos y coparticipación, la que se lleva la mejor parte es la Nación y no las administraciones federales.

Con datos al 2010, según un estudio de la consultora Abeceb.com realizado a pedido y con la colaboración de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el aporte total de la minería al Sector Público en 2010 fue de $5.600 millones. De dicha suma, $ 4.750 millones fueron aportados por la vía fiscal (impuestos), mientras que los restantes $ 850 millones fueron destinados a entes públicos y fondos fiduciarios. Este monto representó una presión del 52% del PBI sectorial y del 24% del valor bruto de producción.

En cuanto a la distribución de estos recursos entre los distintos niveles de gobierno (previo a la coparticipación federal), $ 4.340 millones se dirigieron a las arcas del Estado Nacional y $ 1.260 millones a los Estados Provinciales y sus organismos. Si se considera la redistribución del impuesto a las ganancias, la participación de las provincias asciende del 22% al 42%.

El aporte fiscal de la minería al Estado Nacional consistió en $ 2.200 millones en Impuesto a las Ganancias (52%), $ 1.180 millones en Derechos de Exportación (28%), $ 680 millones en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (16%) y $ 140 millones en Impuesto al Valor Agregado (3%).

En cuanto a las Provincias, los aportes directos por la vía fiscal –predominantemente en regalías ($ 400 millones) y, en menor medida, en II.BB. y cánones- sumaron $ 550 millones. Los otros aportes de la minería consistieron en la distribución de utilidades de entes públicos (YMAD, FOMICRUZ) y transferencias a fideicomisos por $ 710 millones (un 56% del aporte total). Del estudio se desprende que la minería constituye una fuente de financiamiento propio crucial para las principales provincias mineras, especialmente Catamarca y San Juan.

Por Federico Manrique
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En twitter: Fede_Manrique