La decisión de la minera canadiense Bear Creek, de defender la concesión de una mina que le revocó el gobierno peruano, enciende una luz de alarma sobre las inversiones, en momentos en que las protestas antimineras acorralan al gobierno, estiman analistas.
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El gobierno de Alan García anuló dicha concesión al acoger demandas de los campesinos, que piden prohibir la actividad energética y minera en Puno (sureste) en favor de la agricultura.
Puno enfrenta dos conflictos antimineros: el de los aymaras contra Bear Creek, y el de Juliaca contra la minería aurífera informal, donde el viernes murieron cinco campesinos baleados por policías al intentar tomar el aeropuerto de esa ciudad.
La decisión del gobierno encendió las alarmas sobre los riesgos que se filtran sobre las inversiones mineras y el respeto a la estabilidad jurídica de los contratos, en momentos que asumirá el poder el 28 de julio Ollanta Humala, que prometió un nuevo impuesto a las mineras.
“Estas decisiones que se están tomando van a afectar al sector minero, que será la fuente de donde supuestamente se van a financiar los programas sociales, que prometió el gobierno entrante”, dijo Miguel Santillana, investigador de la Universidad San Martín.
Santillana advirtió que otras mineras del Perú podían seguir los pasos de los manifestantes de Puno, una decisión que podría impactar en la economía peruana.
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